El Senado examinó la candidatura de Pam Bondi, propuesta por el presidente Donald Trump, para el cargo de fiscal general. Como máxima agencia policial del país, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) es responsable de defender y hacer cumplir las leyes que buscan brindar justicia, seguridad, un medio ambiente saludable y nuestros derechos civiles y constitucionales. Como fiscal general de Florida, Bondi dio prioridad a los intereses económicos de los contaminadores y puso restricciones a los derechos al voto. Tras dejar ese cargo, trabajó como cabildera corporativa vinculada a una monarquía petrolera extranjera, realizó inversiones millonarias en la empresa de redes sociales de Trump, representó a Trump en su primer juicio político y le ayudó a intentar anular las elecciones de 2020. Como fiscal general de Estados Unidos, Bondi ha politizado y utilizado el DOJ como arma contra sus oponentes políticos y disidentes, ha desafiado a los tribunales federales y ha intentado expulsar a los funcionarios que investigaban los delitos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021. Ha diezmado las unidades del DOJ encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales, los derechos civiles y los derechos al voto. En su primer día en el cargo, ordenó la eliminación de todos los programas, oficinas y empleos relacionados con la justicia ambiental. El 4 de febrero, el Senado confirmó a Pam Bondi como fiscal general por un voto de 54–46 (Votación nominal del Senado 33). NO ES EL VOTO PRO-AMBIENTALISTA.