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El Senado puso a consideración el nombramiento de Kristen Clarke como fiscal general adjunta para derechos civiles, propuesta por el Presidente Biden. La División de Derechos Civiles (CRD) del Departamento de Justicia (DOJ), que dirige la fiscal general adjunta, es la principal responsable de la aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derecho al Voto de 1965, la Ley de Vivienda Justa de 1968 y otras leyes que protegen nuestros derechos más importantes. Clarke fue presidente del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, una de las organizaciones de derechos civiles más destacadas del país; dirigió la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General del Estado de Nueva York y defendió la constitucionalidad de la Ley del Derecho al Voto. El 25 de mayo, el Senado confirmó a Clarke como fiscal general adjunto de Derechos Civiles por una votación de 51 a 48 (Votación Nominal en el Senado 203). SÍ ES EL VOTO PRO-AMBIENTALISTA.
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