La Cámara de Representantes sometió a consideración la S.J.Res. 80 del senador Dan Sullivan (R-AK), una resolución de desaprobación de la Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés), que revocaría el Registro de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés) del Plan de Actividades Integradas (IAP, por sus siglas en inglés) de 2020 de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) para el Ártico occidental. La CRA es una herramienta extrema y burda que están utilizando los congresistas anti-ambientalistas que quieren eliminar de forma permanente las protecciones de nuestro medio ambiente, nuestras comunidades, nuestra vida silvestre y nuestro patrimonio natural. Este IAP sirve de guía para el manejo de las tierras de todo el Ártico occidental, la mayor extensión de tierras públicas contiguas de Estados Unidos, y ofrece medidas de seguridad para la vida silvestre y los recursos naturales para protegerlos de las perforaciones del sector del petróleo y gas. Con una extensión de casi 23 millones de acres, el Ártico occidental incluye el hábitat del caribú, el oso polar y muchas otras especies, además de áreas de subsistencia fundamentales para las comunidades locales y nativas. El plan para este ecosistema crítico se desarrolló mediante un proceso público y con la aportación de cientos de miles de comentarios de intereses relacionados con las actividades recreativas al aire libre, el desarrollo energético, la subsistencia y la conservación. En lugar de actualizar el IAP del Ártico occidental mediante el proceso establecido, esta CRA elude la participación pública y pasa por alto la ciencia y la planeación cuidadosa con el fin de abrir este paisaje sagrado a la perforación. También podría impedir que la BLM suministre un IAP similar en el futuro, lo que sumiría en el caos nuestro sistema de manejo de tierras al limitar la capacidad de la agencia para establecer lineamientos de manejo. El 18 de noviembre, la Cámara aprobó S.J.Res. 80 por un voto de 216–209 (Votación nominal de la Cámara 296). NO ES EL VOTO PRO-AMBIENTALISTA. El presidente firmó su entrada en vigor el 5 de diciembre.